La dependencia estatal que ejerce más control sobre la generación y el consumo de electricidad es la Comisión de Servicios Públicos de Texas o PUC (por sus siglas en inglés) que es administrada por cinco comisionados nombrados por el gobernador. La PUC ejerce autoridad sobre varios aspectos del mercado de energía: regula el mercado, establece las normas para la construcción de las líneas de transmisión y asegura la existencia de un mercado justo, competitivo y con una estructura adecuada. Además del PUC, la Oficina del Asesor Jurídico de la Comisión de Servicios Públicos u OPUC (por sus siglas en inglés) también representa los intereses de consumidor y ejerce su autoridad en forma independiente. Simultáneamente, las cuatro redes, específicamente- ERCOT (cuyas siglas significan Electric Reliability Council of Texas) la cual abarca gran parte del estado, la Southwestern Power Pool que opera en el noroeste, Western Interconnect que opera en la parte más occidental y SERC (o Southeastern Energy Reliability Council) en la región nororiental, aseguran el funcionamiento del sistema. Las dependencias federales que también ejercen cierto control son: el Concejo Regulatorio Nacional, en Concejo Nacional para la Confiabilidad de los Sistemas Eléctricos o NERC (por sus siglas en inglés) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos pero su autoridad se limita a ciertos temas y regiones.
Durante la última sesión de la legislatura estatal se extendió la autoridad de la PUC hasta el 2029 pero también se le aplicaron varios cambios a sus normas y gobernación con el fin de hacer que fuera más transparente.
Otra dependencia que juega un papel importante es la Oficina para la Conservación de Energía o SECO (por sus siglas en inglés) de la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas. Esta oficina administra varios programas, entre ellos: los códigos de eficiencia energética a seguir por nuevas construcciones, las auditorías energéticas para instituciones públicas y el de préstamos a entidades públicas con deseos de mejorar la eficiencia energética o de agregar nuevas fuentes de energía renovable a sus instalaciones.
También la Agencia para la Protección del Medio Ambiente federal, o EPA (por sus siglas en inglés), así como la Comisión para la Protección de la Calidad Ambiental de Texas o TCEQ (por sus siglas en inglés) juegan un papel importante, ya que éstas emiten y hacen valer los permisos para la construcción de nuevas centrales eléctricas y las autorizaciones de vertido, tanto al aire como las de desagüe, que se requieren para operar. A nivel estatal, la Comisión Ferroviaria establece y aplica los reglamentos que rigen sobre la producción de petróleo y gas natural y el minado del carbón más la construcción y uso de los gaseoductos que transportan este combustible a las centrales. Por su parte, la Procuraduría General estatal o AG (por sus siglas en inglés) hace cumplir las leyes y los reglamentos comerciales y ambientales que rigen a la industria eléctrica.
Adicionalmente, dentro de cada zona de servicio, las entidades de servicios públicos municipales, las cooperativas y las empresas privadas de transmisión y distribución ejercen bastante poder porque éstas son las que controlan las líneas menores de distribución, fijan los precios, establecen las normas locales e implementan los distintos programas, sujetándose siempre a la supervisión y el control de la PUC.
En última instancia, la legislatura estatal puede promulgar leyes que rigen sobre la industria eléctrica y el funcionamiento del mercado. De hecho, a raíz de lo sucedido durante la tormenta “Uri”, la Legislatura promulgó nuevas leyes que modificaron cómo se organizarán y funcionarán la PUC y ERCOT. Estas leyes también le impusieron a la PUC la obligación de ajustarse a las nuevas condiciones en el mercado y de asegurar que las plantas eléctricas, líneas de transmisión y el suministro de gas sean fiables, ya sea por medio de programas de climatización y aislamiento o toda otra medida necesaria. Debemos reconocer que mientras se lograron cambios importantes en la red eléctrica, entre ellas autorizando nuevos servicios de fiabilidad, muchos activistas argumentan que el uso de soluciones como mejoras en la eficiencia del consumo energéticos, programas de respuesta a la demanda y la ampliación de fuentes de energía distribuidas, como la instalación de paneles solares no se tomaron lo suficientemente en cuenta.
